“¡Ellos se lo buscaron!”
Jaime Hernández Ortiz
Resulta inaudito el grado de criminalización que ha intentando desplegar el gobierno federal para justificar la desaparición forzada, y posiblemente asesinato, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De igual forma que lo hizo el régimen panista, y que en mayor o menor grado replicaron los gobiernos de todas las entidades, tanto las ejecuciones como las desapariciones forzadas de miles de personas se explicaron con el argumento de “ajustes de cuentas”; o sea, entre delincuentes, miembros de cárteles y sicarios.
De esta manera el vía crucis de familiares en Semefos, en procuradurías, en centros de detención la explicación que encontraban con frecuencia era: “Quién sabe en qué malos pasos andaba su familiar”.
Así, ante el dolor, el llanto y el desconsuelo que era infinito se sumaba ahora la impotencia ante una duda que lastimaba más por la impunidad porque sepultaba el caso.
Esta forma de explicar y justificar tantos actos genocidas tuvo un límite ahora con la desaparición de los estudiantes normalistas: ¿Cómo explicar que estudiantes normalistas eran miembros de un cártel? ¿Cómo convencer que un grupo de jóvenes estudiantes formaban parte de la delincuencia organizada? ¿Cómo argumentar que todo fue un ajuste de cuentas entre ellos mismos si en su desaparición habían participado fuerzas públicas del estado?
Aún con todo esto, resulta verdaderamente inconcebible que el régimen haya recurrido a la misma estratagema de criminalización de las víctimas y que la Procuraduría General de la República haya abierto una línea de “investigación” que supone que los estudiantes iban armados, que estaban infiltrados y que los jóvenes desaparecidos hayan formado parte de un grupo rival a Guerreros Unidos, grupo al que supuestamente se le atribuye el acto genocida, sin tocar para nada la posible participación de grupos paramilitares.
Para colmo de una sociedad que aún no termina de ser víctima de tanto atropello de los aparatos de poder, no han faltado personeros de la oligarquía nacional que sostienen que todo eso se “lo buscaron” los estudiantes.
Es evidente que el gobierno federal utiliza nuevamente este argumento para tratar de tener un control de daños ante la avalancha de cuestionamientos incontenibles que surgen de toda la sociedad mexicana y de innumerables organizaciones internacionales y gobiernos.
Los escenarios para nuestro país ya de por sí eran poco halagadores: un régimen político-electoral que ya tocó fondo; un malestar colectivo hasta el límite de la paciencia y la razón; una desesperación proclive a la provocación y violencia y al borde del estallido por la decadencia moral del neoliberalismo que domina nuestras instituciones.
Repudiable reelección.
En este contexto de cinismo de nuestras autoridades resulta ahora la inscripción de Raúl Plascencia Villanueva para intentar reelegirse en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante los cinco años que fungió éste como titular de la CNDH fueron asesinadas 100 mil personas. En la mayoría de los casos el gobierno y gobiernos locales calificaron de delincuentes asesinados por delincuentes a las víctimas, de que se “mataron entre ellos mismos”.
También desaparecieron 47 mil personas, a las que el gobierno calificó como “no localizadas”. Hubo más de 21 mil secuestros y detenciones ilegales de migrantes, extorsionados y sometidos a trata de personas; y cientos de miles de niños fueron víctimas de abuso y violencia sexual.
El “Ombudsman” no hizo nunca un firme pronunciamiento de manera oficiosa a lo que estaba obligado por Ley; calificó innumerables casos de ser “incompetente” (en términos literales) por ser asuntos “entre particulares”; tampoco propuso la creación de organismos o hizo nada para saber la verdad histórica de esas desapariciones, mucho menos propuso castigo a los responsables, que en no pocos casos con evidencias contundentes de participación de fuerzas policiacas.
Las omisiones, pasividad, complicidad y prejuzgamientos de la CNDH y de su titular en los casos de periodistas asesinados, de defensores de derechos humanos, San Fernando, de Atlataya y Ayotzinapa revelaron el sometimiento de Plascencia Villanueva al poder.
Pese a contar con un nuevo ordenamiento constitucional como las reformas en derechos humanos y amparo; de tener un acuerdo técnico en materia de derechos humanos con las Naciones Unidas, de un Programa nacional, de contar con el apoyo de innumerables recomendaciones in situ emitidas por relatores internacionales y de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos para impulsar un amplio involucramiento ciudadano y de una cultura nacional de respeto y promoción de derechos humanos, resulta deplorable la actuación del “ombudsman” nacional.
Ahora resulta que más de 2 mil quinientas organizaciones ciudadanas y comisiones públicos de derechos humanos avalan la postulación y el “excelente” trabajo de Plascencia Villanueva.
Entre esas organizaciones ciudadanas se encuentran no menos de doscientos cincuenta organizaciones patito de Jalisco que están subordinadas a los turbios intereses de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular del organismo estatal y que firma como jefe de campaña de la reelección de Plascencia Villanueva.
Ambos personajes, Plascencia Villanueva y Álvarez Cibrián han compartido el mismo estilo de trabajo al sostener; que el quejoso es el que debe acreditar las violaciones a sus derechos humanos; por eso, uno y otro, con su actuación, han justificado la impunidad que hoy padecemos.
Seguramente hasta ahora el régimen se estará dando cuenta que ambos personajes perjudican, más que ayudar, al restablecimiento de la legalidad que hoy requiere tanto nuestro país.
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